La Fiscalía General de la Nación informó sobre la ocupación de cuatro bienes que formarían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, dentro de una investigación que busca establecer si estos bienes tendrían origen en recursos relacionados con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La medida fue ordenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que aceptó la solicitud presentada por el ente investigador para imponer medidas cautelares sobre los inmuebles. Según información oficial, las propiedades están valuadas en más de 45,467 millones de pesos.
Los activos corresponden a un centro comercial, un hotel y dos discotecas ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Las diligencias de ocupación fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Según la Fiscalía, una vez concluidos los trámites correspondientes, los inmuebles serán puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Investigación sobre el origen de los activos
El órgano fiscal indicó que las investigaciones permitieron identificar una supuesta relación entre estos bienes y recursos del Bloque Tolima de las AUC, organización armada ilegal que operó entre finales de los años 1990 y mediados de los 2000.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, quien fue identificado como líder de esa estructura, habría utilizado a terceros para realizar movimientos de dinero e invertir en bienes raíces con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos e impedir que fueran utilizados para la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Para sustentar esta tesis, las autoridades indicaron que realizaron inspecciones judiciales, análisis financieros y registrales, peritajes contables y recolección de testimonios, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los bienes.
La decisión aún puede ser apelada
La Fiscalía precisó que las medidas cautelares corresponden a una decisión de primera instancia, por lo que las partes involucradas podrán interponer los recursos previstos en la ley.
A solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz de la Corte Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes valorados en más de 45.467 millones de pesos, los cuales formarían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez y tendrían… pic.twitter.com/tnwqJeHY1E
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 17 de julio de 2026
Hasta el momento, el cantante y su equipo legal no se han pronunciado sobre esta nueva decisión.
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El caso ya tenía antecedentes
Esta investigación ya había dado lugar a procedimientos judiciales. En julio de 2025, la Fiscalía solicitó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre estos bienes por su presunta vinculación con recursos de grupos paramilitares.
Ante esta acción, Charlie Zaa aseguró que colaboraría con las autoridades para comprobar el origen de sus bienes.
«Estoy, como siempre, plenamente dispuesto a colaborar con las autoridades y aportar todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia. (…) Todo lo que tengo ha sido resultado de ese trabajo honesto y constante.
Meses antes, en marzo de 2025, un magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de la Corte Superior de Bogotá había decretado medidas cautelares sobre cinco inmuebles, entre ellos el centro comercial El Oasis, establecimientos comerciales en Girardot e Ibagué y dos inmuebles ubicados en Melgar y Girardot. Con la decisión más reciente, cuatro de estas propiedades siguen cubiertas por medidas judiciales.
La versión del artista.
Durante el proceso, Charlie Zaa afirmó que el lote donde se construyó el centro comercial El Oasis fue adquirido a nombre de su padre con regalías obtenidas de su carrera musical a través del sello discográfico Sonolux.
Asimismo, sostuvo que el inmueble le pertenece en su totalidad, a excepción de dos locales comerciales que fueron entregados como parte del pago de una vivienda ubicada en Lagos del Peñón.
Sin embargo, la Fiscalía había advertido previamente que encontró inconsistencias relacionadas con la construcción del centro comercial, entre ellas la ausencia de planos arquitectónicos y estructurales, la falta de normas de propiedad horizontal que permitieran la desagregación del inmueble y la falta de registros financieros sobre los costos y gastos de la obra.
Mientras avanza el proceso, las autoridades continúan verificando el origen de los recursos con los que se adquirieron y desarrollaron estos activos para determinar su estatus jurídico final.
