La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que buscaba anular la pena de 30 años de prisión impuesta a dos militares acusados de narcotráfico. En consecuencia, la mencionada pena máxima quedó intacta, según se lee en la sentencia No. 731, emitida el 17 de noviembre con la firma de los tres magistrados integrantes de la Sala Penal: Elsa Gómez (editora), Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
La sentencia se refiere al desmantelamiento de un grupo del crimen organizado, integrado por seis militares y tres civiles. Los militares fueron detenidos el 23 de julio de 2021 en la sede del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicada en la urbanización Las Acacias, Caracas.
Los integrantes del grupo de militares detenidos son: José Gregorio Álvarez (mayor), así como los primeros tenientes Ángel Enmanuel Urdaneta, Richard de Jesús Rivas Zambrano y José Gregorio Vivas Lemus. Todos fueron asignados a la Escuela de Orden Interno de la GNB, ubicada en Caracas.
Días antes, la teniente Dailyng Gabriela Ferrer Bracho fue detenida durante un procedimiento realizado en el sector La Encrucijada del municipio Libertador (Tocuyito), Carretera Regional Central, tramo Campo Carabobo-Valencia. Esta persona viajaba en un Renault Logan placa AB8510W junto a su primo de civil Denny José Bracho Portillo.
Durante el registro del citado vehículo se localizaron 50 paneles de marihuana en un compartimento oculto, de los que se arrojó un peso total de 50 kilos y 550 gramos, según informó.
Marco Antonio Reinoso García y el colombiano Jhon Alexander Prada Barboza también fueron detenidos en distintas fechas como vinculados a ese grupo, señala el fallo.
La investigación del Ministerio Público, recogida en la sentencia de la Sala Penal, asegura que este grupo se dedicaba a «tráficar drogas, utilizando deshonrosamente el uniforme que portaban como oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluso utilizando vehículos de uso oficial, con los cuales evadían controles y registros en los puestos de control».
Un grupo de estas personas fueron juzgadas entre el 1 de noviembre de 2022 y el 19 de marzo de 2024 ante el Juzgado Tercero de Sentencia de Carabobo, instancia que condenó a la pena máxima al mayor José Gregorio Álvarez Sandoval, así como a los primeros tenientes Richard de Jesús Rivas Zambrano y Ángel Enmanuel Urdaneta Silva, quienes fueron declarados culpables de los delitos de asociación para delinquir y tráfico ilícito. Uso agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en su forma de transporte y encubrimiento.
La condena fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Carabobo, por lo que Rivas y Urdaneta acudieron a la Sala Penal para denunciar, entre otras cosas, que el tribunal de instancia no valoró adecuadamente las pruebas presentadas. Los magistrados respondieron que esa denuncia era infundada y, en consecuencia, desestimaron el recurso, dejando intacta la condena de 30 años.
