La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimó tres recursos que buscaban anular la pena de 30 años de prisión impuesta a 10 personas acusadas de participar en diversos planes dirigidos al asesinato del presidente Nicolás Maduro. En consecuencia, estas sentencias quedaron ilesas.
Tal decisión está contenida en la sentencia No. 608, redactada por la jueza Elsa Gómez y validada por sus colegas de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno. La investigación de los hechos se inició el 11 de noviembre de 2019 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cuyos agentes detectaron la existencia de un plan de atracción y reclutamiento de personal policial y militar «con el fin de articular actividades encaminadas a alterar el orden interno, en el marco de actividades desestabilizadoras realizadas contra el gobierno y sus instituciones».
Las acciones fueron denominadas por sus cerebros como Venezuela Honor y Gloria 2019, cuyos participantes se comunicaron a través de WhatsApp.
El plan contemplaba siete objetivos específicos: un atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro; formar una fachada de asociación civil para ser utilizada como principal fuente de financiamiento; operaciones dentro del territorio nacional que generen impactos psicológicos y físicos en las instituciones del Estado; realizar actividades denominadas Huelgas Verdaderas, que causan impacto en el pueblo venezolano; asesinatos políticos y selectivos; actos que promuevan la incitación a la rebelión de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el ataque y sabotaje a unidades militares y sistemas de armamento.
El objetivo número 7 planteado en aquel año 2019 fue “apoyo a una invasión militar extranjera contra la soberanía nacional”. Los organismos de seguridad desmantelaron estos planes con la identificación de 31 personas involucradas en los mismos. De esos treinta, 14 fueron detenidos e imputados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y asociación para delinquir.
Hasta ahora, 10 de ese grupo de 14 fueron llevados a juicio, que se desarrolló entre el 22 de mayo de 2022 y el 18 de marzo de 2024 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia para conocer casos relacionados con terrorismo, que los condenó a la pena máxima.
Este grupo de condenados a 30 años de prisión son: Luis Eduardo Lira Cupare, Jesús Antonio Castro Gómez, José Miguel Yeguez, Sixto José Salamanca Jiménez, Juan Carlos Macualo Orozco, Víctor Ignacio Rodríguez Romero (Sargento 1°), César David Mayora Guacare, así como el tres policías del estado Sucre Marco de Jesús Fuentes González, Alexis Rafael Jiménez y Deivis Malavé Ruiz.
Las sentencias fueron apeladas ante la Sala Penal a través de tres recursos que fueron desestimados por los magistrados, porque buscaban revisar lo sucedido en el juicio, aspecto que el máximo tribunal no está autorizado a abordar.
