El Primer Juzgado Agrario de Lara revocó la medida que previamente dictó el 23 de enero y que consistía en el amparo de la actividad productiva agroindustrial en las instalaciones del Central Azucarero Río Turbio, ubicado en la antigua carretera a Yaritagua, sector Chorobobo, hacienda La Unión, municipio Palavecino (Cabudare), Lara.
Dicha decisión consta en el expediente KP02-S-2026-00134, firmado por la jueza Ninfa Hernández el 26 de enero de 2026.
El pasado 23 de enero, el Juzgado Agrario 1 de Lara publicó un cartel en un diario de la entidad occidental anunciando la medida de protección para el mencionado ingenio azucarero. Mediante ese primer fallo, el juez Hernández prohibió a los nuevos miembros de la Junta Administrativa Especial de la Central Azucarero «abstenerse de realizar e innovar cualquier acto contractual o comportamental que menoscabe, restrinja o limite las actividades productivas agroindustriales en la referida empresa comercial».
Pero tres días después, es decir el 26 de octubre, la misma jueza Hernández revocó su propia sentencia y dejó sin efecto “el cartel, los autos y las boletas ordenadas”.
Los motivos que la llevaron a tomar tal decisión quedaron expresados en un solo párrafo de la sentencia. “Ahora bien, en el asunto objeto de estudio, surge que dicho auto, donde se acordó la medida provisional, es necesario bajo principios constitucionales y legales para respetar el derecho a la defensa y llevar a cabo el procedimiento de manera integral a los efectos de que las partes demuestren su mejor derecho, razón por la cual se revoca por imperativo contrario el auto de 23 de enero de 2026”, dice el juez Hernández.
La medida que fue revocada había sido solicitada por los representantes de la empresa privada Empaquetadora Las Nieves CA, adscrita a la cámara de comercio turco-venezolana, que formó una alianza con el Estado para reactivar las operaciones del Central Río Turbio luego de que fuera abandonado a mediados de 2019 por sus exdirectores encabezados por José Ricardo Sigala Peña.
La mencionada alianza fue firmada el 15 de junio de 2021. Pero a finales de 2025, la alianza comenzó a romperse por decisiones del Ministerio de Trabajo que trastocaron la operación del ingenio, así lo expresó la Empaquetadora Las Nieves en una comunicación enviada a la embajada de Turquía.
«Sin embargo, el 16 de diciembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, nombró sin previas conversaciones, consultas mutuas ni coordinación con nuestra empresa operadora, una nueva Junta Administradora Especial, que no cumple con los requisitos de la ley… quienes han llevado a cabo un conjunto de acciones de perturbación y asedio en las operaciones que implican la dificultad y retraso de los planes de trabajo, alterando la buena fe de los contratantes de la Alianza. Es importante señalar que los ciudadanos antes mencionados no pertenecen a los trabajadores de la planta o «El empleador, violando así lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, así mismo, ha impedido el acceso de nuestros gerentes y técnicos que han trabajado a lo largo de todos estos años, provocando daños y retrasos injustificados e impidiendo el cumplimiento de los cronogramas de trabajo y producción de la planta», dice un párrafo de la carta.
La nueva Junta Administradora Especial del Ingenio Río Turbio a la que se refiere Empaquetadora Las Nieves está integrada por Jhonny Jesús Pérez Montilla, Gerardo Andrés Quintero Meneses y María Carolina Fernández Marcano.
Es por ello que Empaquetadora Las Nieves solicitó al Primer Juzgado Agrario de Lara dictar una medida de protección a la actividad agroproductiva que se viene desarrollando en el Central Río Turbio.
De ahí que el tribunal instó a la nueva Junta Administrativa Especial a fomentar «una relación de respeto y entendimiento mutuo afirmativo para el desarrollo de un ambiente armonioso y del bien común».
Tres días después de tomar esa decisión, la jueza Ninfa Hernández revocó »la protección de la actividad productiva agroindustrial… a la empresa comercial Empaquetadora Los Andes».
Las idas y venidas
- Una vez que la junta anterior abandonó las instalaciones del Central Río Turbio a mediados de 2019, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución el 3 de diciembre de 2020 mediante la cual dictó medida de ocupación temporal y nombró una Junta Administradora Especial, según Gaceta Oficial 42.021.
- Posteriormente, el Ministerio de Alimentación exigió el pago a la empresa comercial Azucarera Río Turbio de 4 millones 863 mil dólares 658 con 50 centavos, debido a la deuda que dejó la ex junta directiva que había recibido subsidios del Gobierno expresados en materias primas para la fabricación de azúcar refinada.
- En agosto de 2025, la Sala Político Administrativa tomó la decisión de revocar al Interventor Judicial y colocar un reemplazo sugerido por los ex dueños de la Central Azucarero, lo que se interpretó como una intención de devolver la empresa a los Sigalas. Esta decisión quedó reflejada en la sentencia 753 publicada el 13 de agosto de 2025.
