El gobierno interino de Perú declaró este martes el estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsión atribuida al crimen organizado.
“El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas (miércoles, ndlr) y por 30 días en Lima metropolitana y Callao”, dijo el presidente José Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisión estatal.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas que salgan a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía para mantener el orden.
El gobierno también puede restringir o suspender ciertas libertades públicas, como el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
La medida es la primera gran acción tomada por el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra la criminalidad, lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, dijo rodeado de su gabinete ministerial.
Las autoridades habían anunciado el 16 de octubre que se implementaría un estado de emergencia en Lima ante la violencia del crimen organizado, lo que provocó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos entre policías y civiles.
Las manifestaciones lideradas por jóvenes derivaron en fuertes enfrentamientos el 15 de octubre cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el Congreso y el recién instalado gobierno del derechista Jerí.
La inseguridad ciudadana provocó la destitución en el Congreso de la entonces presidenta, Dina Boluarte, el 10 de octubre.
Desde 2024, Perú sufre un aumento de la violencia urbana con una ola de extorsiones que ha convertido la inseguridad en la principal preocupación de la población, según encuestas.
