Una operación coordinada por el Ministerio de Seguridad y el Sijin en el vecindario de Santa Bárbara, en el centro de Bogotá, terminó con la incautación de 13 computadoras portátiles. Los dispositivos, que estaban en establecimientos de venta, no tenían los documentos que probaron su origen legal.
La intervención, que se llevó a cabo en siete tiendas, permitió a las autoridades revisar las facturas y certificados propiedad de varios elementos, incluidas las computadoras y los teléfonos celulares. Al solicitar los documentos, los propietarios no pudieron demostrar la legalidad de los equipos, por lo que las 13 computadoras estaban disponibles para las autoridades para las investigaciones respectivas.
Esto podría interesarle: dos hombres con antecedentes penales después del intento de robo en Bogotá
El Secretario de Seguridad, César Restepo, enfatizó la importancia de estas operaciones para combatir el robo en la capital. «Estos controles son fundamentales para reducir la cadena criminal de robo en la ciudad. Una computadora o teléfono celular robado no solo llega a un escaparate: detrás hay delitos que afectan la seguridad de Bogotá. Continuaremos cerrando estos espacios para el marketing ilegal ”, dijo.
¡También llegamos a la venta!
En La Candelaria, 13 computadoras fueron incautadas sin documentación y con manipulación en sus sistemas de identificación.
Sigue el canal de WhatsApp desde
Ciudad de BogotáCada equipo que se encuentra en peones debe tener documentos de origen o incurrir en el crimen de recepción. pic.twitter.com/e5sdgialio
– Secretaría de Security Bog (@seguridadbog) 5 de septiembre de 2025
El Secretario de Seguridad les recordó a los ciudadanos que compraran artículos de origen dudoso, como los que se encuentran en peones o locales de segunda mano sin la verificación de su origen, puede constituir el delito de recepción. Este crimen implica sanciones hasta ocho años de prisión, incluso si la persona no participó directamente en el robo.
Estas operaciones se enmarcan en el plan de seguridad integral, Citizen and Justice Coexistence (PISCCJ), una estrategia de control urbano que busca debilitar los puntos de venta de artículos robados en la capital. La entidad también enfatizó que las quejas ciudadanas son clave para detectar y actuar contra estos focos de ilegalidad.
