Los días de Navidad se disfrutaron con cierto placer en los departamentos de los compradores del proyecto de los hermanos Jorge, Poncho y Carlos Mattos Barrero. Duraron casi seis años sujetos a un sonado y sonado lío judicial y administrativo que se deshizo en noviembre pasado a su favor en el marco de los juzgados penales de Bogotá con amenazas de medidas de seguridad intramuros incluso para varios de los arquitectos, diseñadores y constructores más conocidos. En los últimos meses, la Procuraduría General de la República ha citado a audiencias de acusaciones a siete empresarios y empleados de la constructora del señor Mattos involucrados en el desarrollo de uno de los edificios de departamentos más bellos y emblemáticos del norte de Bogotá hasta que, con la intervención de sus notables abogados, lograron acuerdos económicos y la devolución de espacios que habían sido robados en una polémica modificación de las licencias de construcción iniciales. Los Matto devolvieron las plazas de aparcamiento robadas con la reforma de la licencia en una curaduría cuestionada que transfirió zonas comunes de uso común a zonas comunes de uso exclusivo de los apartamentos de los promotores, inusualmente puestos en venta a famosos penalistas y artistas de reconocido éxito. En algunas de sus maniobras comerciales y constructivas afectaron vigas de techo que servirían para conectar propiedades privadas con áreas comunes usurpadas. Debido a estas obras que desfiguraron parte del emblemático conjunto habitacional, se empezó a pensar en el compromiso y estabilidad de la obra y lamentablemente la comercialización de sus departamentos se vio afectada. Las Dos Orillas se hicieron cargo del desorden y al investigar el asunto encontraron que varios de los afectados pertenecían a la élite judicial, profesional y económica de Colombia, como varios expresidentes de los tribunales y los jóvenes miembros de la familia del presidente Juan Manuel Santos. Los constructores tuvieron que desembolsar más de dos millones de dólares para pagar las cuentas de administración que dejaron de cubrir y otros costosos emolumentos de acabados, los honorarios de los abogados y devolver todo a los propietarios que cubrieron los defectos de acabados y adelantaron los ajustes necesarios que lograron solucionar a tiempo. Este medio constató que durante estas festividades ya habían comenzado los diseños y contratación de las obras de acabado por parte de los arrogantes copropietarios que solo lograron poner a los constructores en su lugar en el escenario judicial y mediático. Mirá también: Pan Pa Ya, la panadería que se recuperó y en diciembre vendió 3 millones de buñuelos, muchos en el exterior
