Con más del 75% de municipios con obras inconclusas, los Consejos Juveniles elegidos este 19 de octubre prometen ser la fuerza fresca contra la corrupción local. En más del 75% de los 1.103 municipios del país hay al menos una obra inconclusa o una obra de infraestructura social adornada por las fauces de la corrupción. Aunque no hay cifras oficiales, cálculos de organismos de control y estudios académicos indican que los costos de iniciativas perdidas por la venalidad de gobiernos y contratistas alcanzaron los 25 mil millones de dólares durante los últimos diez años. | Le puede interesar: Exitosa jornada de la juventud: participación y confianza marcaron esta jornada electoral 2025. Con estos recursos se lograría compensar cerca del uno por ciento del actual déficit fiscal del Gobierno Nacional y multiplicar los 18 recursos asignados por el Gobierno para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a través de la Unidad Alimentos para Aprender. Serían útiles para financiar alrededor del 55% de los proyectos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Servirían para multiplicar 88 veces el presupuesto anual para la construcción de viviendas sociales o los programas que las han sustituido. Los organismos de control no han podido combatir el problema. Los controles políticos ejercidos por el Congreso, las Asambleas Departamentales, los Consejos Municipales y las Juntas Administrativas locales no han demostrado una capacidad disuasoria real para frenar los vicios asociados a la corrupción. Los órganos de control ciudadano -en su mayoría respetables- se han transformado en algunos territorios en instrumentos políticos sesgados al servicio de intereses particulares. Es por eso que la llegada al escenario político y administrativo de los nuevos concejales juveniles municipales, elegidos en las urnas este domingo 19 de octubre de 2025, representa una nueva esperanza para la defensa del interés público, el desarrollo y el bienestar. Foto: Registro Nacional del Estado Civil. Elecciones de Consejos Juveniles Los concejales, cuyas bancas serán designadas de acuerdo al número de habitantes de cada municipio o distrito, no sólo tendrán influencia ante concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones e incidirán efectivamente en la formulación de políticas públicas, sino que también formarán un órgano de vigilancia y control de los recursos públicos. “Son una fuerza joven para combatir viejos vicios”, afirma Nidia Astorga, socióloga cuya línea de investigación es la moral administrativa. Desde esta perspectiva, los Consejos de Juventud podrán ejercer una vigilancia preventiva que podría contribuir a que los procesos de contratación pública sigan teniendo el componente judicial que los lleve a terminar en los tribunales de justicia. No en vano, durante los últimos cinco años han llegado a la Fiscalía 160.000 denuncias sobre corrupción, de las cuales 130.000 están relacionadas con delitos que afectan el patrimonio público de los colombianos. Si bien la acción punitiva del Estado se ha fortalecido desde el punto de vista legislativo, los largos rituales en los procesos harán que varios de ellos queden impunes. Esta nueva mirada puede contribuir también a la plena ejecución de los Planes de Desarrollo y sacará del atraso, por ejemplo, proyectos que se financian con recursos de regalías, pero que en gran medida no llegan a realizarse, ya sea por indiferencia administrativa o por inadecuada calificación de los ejecutores, desconectados de la academia y de otras fuentes de conocimiento. Gendarmes del nuevo Sistema General de Participación En caso de que el Congreso cumpla con el mandato contenido en el Acto Legislativo que dio vida a un nuevo Sistema General de Participación y expida la nueva Ley de Competencias y Transferencias de Recursos antes de que finalice la actual legislatura, los Consejos Juveniles estarían llamados a ser promotores de un proceso en el que se adelgazará el Estado Central para darle mayor juego a las autonomías de las entidades territoriales. De salir adelante la ley, a partir de 2027 y durante los próximos doce años, la rotación de recursos que la Nación transfiere a las regiones pasará del actual 28,5 por ciento al 39,5 por ciento. Las competencias serán ejercidas por el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, lo que ampliará el espectro de los Consejos Juveniles en la formulación de proyectos y en el control de recursos. Tal como está concebido el proyecto, el municipio brindará el servicio, el departamento se encargará de la articulación regional y la cooperación técnica y la nación se encargará de la formulación de políticas y vigilancia con sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación. “La comunidad participará a través de controles ciudadanos y territoriales”, afirma la iniciativa, que tiene así una alusión tácita a los nuevos concejales. En salud, área crítica que carece de vigilancia real por parte de la ciudadanía, se fortalecerá la prestación de servicios a través de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y los equipos territoriales de salud. La asignación de tareas a los niveles regionales se realizará de forma paulatina, progresiva y simultánea, es decir, en la medida que las entidades territoriales estén preparadas y ahí los consejos de juventud tendrán mucho que decir. En los territorios de la llamada “otra Colombia” tendrán toda una tarea por delante porque allí está previsto que para la prestación de servicios de educación y salud los municipios deben estar certificados antes de recibir los recursos. En caso contrario, serán asumidos por los departamentos. Amazonas, Guainía y Vaupés tendrán manejo diferencial. El departamento asumirá las funciones del nivel local en aquellas áreas que no estén municipalizadas. Los Consejos de la Juventud también podrán incidir en la promoción de nuevos esquemas regulatorios que permitan a municipios y departamentos asociarse libremente para ejercer competencias de manera conjunta y fortalecer su institucionalidad. En 📍Barranquilla, en diálogo con candidatos a los Consejos de la Juventud, el registrador nacional, Hernán Penagos, llamó a defender y fortalecer esta opción que ofrece la democracia con el voto y explicó que este mecanismo facilitó la vinculación a la entidad de 2.500… pic.twitter.com/22z6686ZKU — Registro Nacional del Estado Civil (@Registraduria) 19 de octubre de 2025 Los desafíos están parejos más amplio. La categorización de municipios y departamentos tendrá en cuenta sus capacidades fiscales e institucionales, su densidad poblacional y su conectividad territorial. Los municipios y departamentos de niveles más bajos tendrán prioridad para la asignación de los recursos del PPD y para su asignación gratuita en términos de operación e inversión. El 96% de los rubros primarios se distribuirá de la siguiente manera: 58,5% para educación, 24,5% para salud y 11,6% para saneamiento básico y fines generales. La distribución jugará un papel crucial si los nuevos gestores y veedores de las políticas públicas contribuyen con sus fuerzas renovadas a impulsar los procesos de descentralización. | Quizás te interese:
