Farid Castaño, alcalde de Calamar en Guainía, se salvó hace unos días de un atentado mientras 4 alcaldes de Guaviare siguen rodeados por el abandono de las FFMM Farid Camilo Castaño, alcalde de Calamar, en Guainía, escapó providencialmente de un ataque atribuido a las disidencias de las FARC que atacaron su casa con cargas explosivas el 14 de octubre. Su madre y su hermano se salvaron, pero no la señora encargada de los servicios domésticos quien sufrió graves fracturas en uno de sus pies a causa de la metralla y su fiel mascota falleció sin poder recibir atención. Castaño concluyó que la única manera de preservar su gobernabilidad, en medio de amenazas y ataques, sería contar con un apoyo real del gobierno del presidente Gustavo Petro y de las Fuerzas Armadas. Resistirían lo más posible a abandonar su municipio y gobernar como desplazados. El gobernador de su departamento, Yeison Rojas Martínez, y sus compañeros de San José, El Retorno y Miraflores, los otros tres municipios, de inmediato le expresaron su solidaridad, entre otras cosas porque también se encuentran en medio del fuego de los grupos armados que pelean allí por el control territorial. El jueves 16, al llegar a Bogotá, conocieron a través de medios nacionales que el presidente Gustavo Petro había hecho una poda sostenida en las Fuerzas Armadas y retirado del servicio a 80 generales que representaban el cúmulo de conocimientos, experiencia y formación que representaban el mejor Know How para la institución militar. Entendieron, por si necesitaban razones para entenderlo, por qué las Fuerzas Armadas parecen debilitadas en los territorios de la llamada otra Colombia y por qué, bajo el modelo impuesto por el gobierno, las tropas están más proclives al diálogo con la población civil -permeada en varias regiones por fuerzas extremistas- que a las operaciones ofensivas que se requieren donde grupos armados, con el lubricante del narcotráfico y otras economías ilegales, pretenden tomar el poder. regiones enteras. Gobernador y intendentes solicitaron una cita con el presidente Petro, pero esta fue delegada en el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien a su vez subdelegó en uno de sus viceministros. «El ataque que sufrí contra mi casa recientemente ya estaba previsto. Hace varios meses, en compañía del gobernador y mis compañeros alcaldes, habíamos denunciado que éramos objeto de amenazas y extorsiones». Recuerda al presidente municipal de Calamar. Dijo que comerciantes, ganaderos y agricultores también soportan estas extorsiones y que, sin la presencia efectiva de las Fuerzas Militares y Policiales, se ven obligados a “presentarse” ante los líderes de diferentes grupos que les exigen aportes económicos poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias. Willy Alejandro Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, dijo a Las2Orillas que su comunidad, muchas veces indefensa, debe lamentar homicidios y masacres. “Esta es una denuncia que trasciende la opinión y llega al gobierno, ante el cual elevamos nuestra protesta y exigimos la presencia de la fuerza pública como una necesidad perentoria”, insistió. Para él, si el Gobierno insiste en que la solución pasa por las conversaciones de paz, las administraciones regionales ponen a disposición sus territorios para llevarlas a cabo a cambio de recuperar la tranquilidad y la institucionalidad, que está seriamente amenazada. Los grupos disidentes hoy tienen poder sobre los corredores viales y ese hecho, coinciden los cuatro alcaldes y el gobernador, es lo que genera la mayor presión sobre la comunidad. “Por eso hemos reiterado que se excluya a la población del conflicto”, dijo Rodríguez. A sus voces se suma la de Edwin Díaz, alcalde de Miraflores, quien denuncia que el reclutamiento forzado de menores y los desplazamientos están alcanzando cifras históricas. “Por supuesto nuestros líderes sociales y la comunidad en general han venido manifestando su preocupación y esto incluso ha provocado que la población haya cesado sus actividades y haya decidido mudarse, retirarse del municipio”, afirma. «En el departamento del Guaviare, y particularmente en Miraflores, no podemos hablar de un verdadero ejercicio constitucional como alcaldes. Allí no hay Estado Social de Derecho. Nuestros planes de desarrollo están parados», concluye. Johny Casanova, alcalde de El Retorno, está triste que las comunidades crean su gobernador y sus alcaldes no están haciendo nada; cuando en realidad tienen las manos atadas. «El Ministerio del Interior nos anunció una inversión importante que se va a hacer en temas de seguridad. Necesitamos un aumento de la fuerza, una acción efectiva de la Unidad Nacional de Protección y que las instituciones vuelvan a tener credibilidad. Que nuestros ganaderos, nuestros comerciantes, nuestra juventud vuelvan a creer en nosotros. El gobernador y los cuatro alcaldes están comprometidos con eso», explica Casanova. Los disidentes en su avance están empezando a acumular mayor poder del que alguna vez tuvieron las FARC.
