Las universidades del Valle, Caldas, Distrital y otras han recibido parte de los inmuebles incautados que ahora se transforman en aulas y residencias de estudiantes. El edificio Hormaza siempre había estado ahí, como referente, aunque antiguo, ubicado en el corazón de Cali, cerca de lugares icónicos como la Iglesia La Ermita, la Plaza de Caicedo, el Museo del Oro Calima y la Iglesia de San Francisco, entre otras edificaciones de valor histórico. Durante décadas fue un punto fijo en el paisaje urbano, un bloque de siete pisos donde se había movido parte de la economía paralela de la ciudad. Allí, según los expedientes antiguos, el presunto narcotraficante Julio César Ramírez Gómez había instalado una oficina que operaba al ritmo de la cocaína que salía al norte. El edificio servía como un discreto centro de operaciones, con pasillos con olor a humedad y grandes oficinas donde los hombres entraban sin dejar rastro. Lea también: La finca exclusiva de un conocido narcotraficante donde Rodolfo Palomino disfrutó de su retiro Con el paso de los años, Ramírez fue condenado por enriquecimiento ilícito y luego absuelto por prescripción, pero su patrimonio siguió otro camino: la pérdida de dominio. Y en esa ruta el Hormaza terminó en manos de la Sociedad de Activos Especiales, un almacén estatal de restos del crimen. Lo que antes había sido un centro de operaciones ilegales se transformó en un espacio disponible; pero disponible no siempre significa útil, y por un tiempo el edificio permaneció allí, sin rumbo definido, hasta que Gustavo Petro nombró al economista de la Universidad Santo Tomás Daniel Rojas como director del SAE. Cuando Rojas llegó a la dirección del SAE, comenzó un cambio que trajo consigo Petro de que los bienes incautados debían ser algo más que cifras de un inventario. Rojas lo dijo a su manera, sin discursos: que las propiedades tenían que volver a la vida pública, que la universidad y el campesinado podían ser destinos más lógicos que los interminables remates. Con ese criterio comenzó a mover procesos que llevaban años parados. El edificio de Hormanza fue el primero que puso en la lista de entrega. Tenía 428 metros de terreno, 2,762 de construcción y siete pisos de historia. Parecía un espacio ideal para una sede universitaria. Su entrega a la Universidad del Valle se convirtió en el símbolo de un giro que buscaba transformar el archivo criminal en infraestructura para la educación. No fue el único movimiento. Cinco meses después, en mayo de 2024, el SAE entregó a la Universidad de Antioquia un lote incautado a la Oficina de Envigado. Se trataba de la finca Las Antillas, de 2.996 metros cuadrados con casa principal, edificaciones auxiliares, estacionamiento, quiosco y piscina. Lo que había pertenecido a una organización criminal terminó destinado a proyectos académicos. Rojas repitió, sin necesidad de enfatizar, que esa era la intención: ampliar la infraestructura de las universidades públicas con activos que antes sustentaban economías ilegales. Lea también: Dos fincas de Gacha ahora serán campus de investigación de la Universidad de Caldas Ese mismo impulso lo llevó a otra entrega: las 463 hectáreas en Caldas que alguna vez habían sido parte de las propiedades de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Allí, en los años ochenta, el patrón había instalado una base rural con seguridad armada y actividades al servicio de su negocio. Décadas después, el SAE organizó la entrega a la Universidad de Caldas. La institución planeaba utilizar la propiedad para investigación, proyectos agrícolas y restauración ecológica. Se reservaron setenta hectáreas para la recuperación ambiental. Lo que alguna vez fue un símbolo de dominio criminal se estaba convirtiendo en un paisaje académico. Se amplió el mapa de entrega. En Santander, la Universidad Industrial recibió un motel incautado a redes criminales vinculadas a la explotación sexual. El lugar, que había funcionado clandestinamente durante años, se convertiría en una residencia de estudiantes para mujeres. A la misma institución arribaron otros dos inmuebles. Las Unidades Tecnológicas de Santander obtuvieron espacio para ampliar sus aulas. En Montería, la Universidad de Córdoba incorporó una casa urbana que fortalecería su capacidad institucional. En Bogotá, la Universidad Distrital recibió cinco inmuebles que integraría a sus planes de expansión. La Universidad Pedagógica y Tecnológica obtuvo cuatro inmuebles valorados en más de cuatro mil millones, además de vehículos para el transporte de estudiantes entre campus. La Universidad del Valle sumó siete inmuebles más a sus proyectos. Unipaz recibió un edificio y recursos para una clínica y un módulo universitario en una región donde la violencia armada había marcado el territorio. Y en la misma lógica se integraron otras instituciones públicas: la Universidad de Cundinamarca, la Tecnológica del Chocó y varias más. En paralelo, el caso del Castillo de Marroquín añadió un matiz particular. El edificio, que había tenido vínculos con la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico, pasó por años de procesos judiciales y de administración estatal. Parte de la propiedad fue cedida a universidades públicas. La estructura, anteriormente símbolo de los excesos de ciertos grupos criminales, comenzó a reordenarse como un espacio cultural y académico. El SAE tenía en su inventario más de treinta mil propiedades, tanto urbanas como rurales. Cinco mil ya estaban en extinción de dominio; veinticinco mil en trámite. Existían también dos mil sociedades, más de cinco mil medios de transporte y casi trece mil animales. La magnitud de la cartera demostraba que el país había dejado una amplia estela de activos derivados del crimen. La tarea ahora era convertirlos en infraestructura útil. En cada uno de estos casos apareció el mismo patrón: bienes incautados que dejaron de ser depósitos muertos y entraron en procesos universitarios. El equipo del SAE entendió que esa línea tenía que continuar más allá de un funcionario, y cuando Rojas dejó el cargo en junio de 2024 para asumir el Ministerio de Educación, asumió Amelia Pérez. La transición fue menos notoria de lo que suele ocurrir en las oficinas estatales. Pérez siguió la ruta trazada, como si la tarea estuviera escrita en el propio inventario: entregar bienes a las instituciones públicas, especialmente a las universidades. Pero no bastaba con entregar tierras. Muchas habían sido abandonadas, invadidas y deterioradas. Antes de transferirlos, el SAE tuvo que recuperarlos, estabilizarlos, regularizarlos. Sólo entonces podrían comenzar su siguiente vida: adaptarse como laboratorios, residencias, aulas o centros de investigación. En las regiones el cambio ya era visible. Las antiguas granjas del crimen se convirtieron en campos para prácticas académicas. Los edificios de blanqueo de dinero eran ahora oficinas administrativas de la universidad. El motel que había servido a redes ilegales se convirtió en alojamiento para estudiantes. Y el castillo que simbolizaba el surgimiento de una economía paralela se transformó en un centro universitario. La política avanzó con una intención clara: unir la reforma agraria con la educación superior. Y así la tierra confiscada no sólo pasó al pueblo; Se convirtió en un lugar para aprender, investigar y vivir una nueva historia.
