Agentes adscritos a la Dirección General de la Policía Internacional (Interpol) detuvieron en el municipio de Baruta (Miranda) a Mohamad Abou Ghoneim, buscado por Francia por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
Abou Ghobeim nació en Líbano hace 36 años y adquirió la nacionalidad venezolana. Su detención se produjo en el ingreso a la urbanización La Esmeralda, municipio Baruta, estado Miranda, según refleja la sentencia 852 emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Los agentes de Interpol actuaron en respuesta a una notificación roja presentada por Francia el 24-10-25, país que le solicitaba juzgarlo por los delitos de blanqueo de capitales y participación en asociación ilícita. El expediente de Interpol indica que las investigaciones comenzaron en enero de 2025, tras la transmisión de información por parte de las autoridades italianas sobre una amplia red de blanqueo de dinero, probablemente procedente del tráfico de drogas.
Estas investigaciones permitieron descubrir «la participación de Abou Ghoneim, asociado en particular con los hermanos Feras y Mahmoud Alshoum, en decenas de recogidas de dinero en Francia con destino a Italia. El transporte se realizó en vehículos de la red, preparados con escondites especialmente diseñados para este fin».
Una vez realizada la detención de Mohamad Abou Ghoneim, fue presentado ante el Juzgado 27 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 25 de noviembre de 2025. En esa audiencia de presentación, la representación del Ministerio Público solicitó dictar privativa de libertad contra el detenido, mientras se decide si será o no extraditado a Francia. La solicitud de la Fiscalía fue aprobada por el juzgado de Caracas desde donde, además, remitieron el expediente a la Sala Penal del TSJ.
Al analizar el expediente, los magistrados comprobaron que no existe ninguna solicitud formal por parte de Francia para la extradición de Abou Ghoneim.
Por ello, los magistrados dieron a Francia un plazo de 60 días «para expresar formalmente si persiste su interés en la extradición de dicho ciudadano y, de ser así, presentar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, dentro de dicho plazo (…) y debe precisarse que, si no se presenta la documentación requerida dentro de dicho plazo, se ordenará la libertad del citado ciudadano».
Tal decisión está contenida en la sentencia número 852, escrita por la jueza Elsa Gómez y respaldada por sus compañeros de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno Pérez.
