El jueves 11 de septiembre pasado, se presentó un día de violencia en el campus de la Universidad de Bogotá, cuando se registró una explosión dentro del edificio de sociología que dejó a una persona lesionada.
El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m., en medio de los enfrentamientos entre la fuerza encapuchada y la fuerza pública que se extendió desde las afueras de la institución.
La vicecanciller Carolina Jiménez confirmó que el hombre herido, un hombre de aproximadamente 25 años que no pertenece a la comunidad universitaria, se vio afectado por la detonación de un artefacto que él mismo manipuló.
Los disturbios comenzaron a las 4:00 pm en la meta de la calle 26, donde un grupo de hombres encapuchados comenzó confrontaciones con miembros de la unidad de diálogo y mantenimiento de la Orden (undmo).
Los enfrentamientos posteriormente se trasladaron a 30 Avenue, hasta que completaron con la explosión dentro de las instalaciones universitarias.
El Cuerpo de Investigación Técnica (CTI) de la Oficina del Fiscal ingresó al campus para llevar a cabo los procedimientos judiciales correspondientes, acompañados por el grupo antiexplosivo que permaneció en su lugar hasta la medianoche.
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La universidad activó sus protocolos de emergencia, emitiendo alerta de naranja y realizando evacuaciones preventivas de algunas áreas debido al riesgo de acumulación de gas. Las gafas del edificio de la sociología fueron destruidas por la detonación, generando daño material adicional.
El incidente revivió las discusiones sobre las políticas de acceso al campus universitario, que actualmente permite la entrada gratuita a sus 120 hectáreas. Diariamente, aproximadamente 45,000 personas circulan entre estudiantes, maestros, contratistas y visitantes que participan en actividades académicas, deportivas y culturales.
«La Universidad Nacional mantiene su carácter de institución abierto a los ciudadanos, pero estos eventos violentos nos obligan a repensar las estrategias de seguridad sin afectar nuestra naturaleza pública», dijo Jiménez.
Las autoridades universitarias rechazaron categóricamente actos violentos y llamaron a no estigmatizar a la comunidad académica, enfatizando que estas son «acciones aisladas que no representan el espíritu académico y plural de la institución».
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