Archivo Fotografía del Presidente de Ecuador, Daniel Nnovera. Efe/ José Jácome
Guayaquil (Ecuador) (Efe) .- El presidente de Ecuador, Daniel Nemaa, convocó un referéndum el viernes para preguntarle a los ecuatorianos si eliminar o no la prohibición de establecer bases militares extranjeras, como los Estados Unidos en la ciudad de Manta hasta 2009.
Lo hizo a través de un decreto ejecutivo en el que proporciona al Consejo Electoral Nacional (CNE) para continuar con el proceso previsto en la Constitución y la Ley Electoral para llevar a los ciudadanos a las encuestas.
Esta es una de las primeras siete preguntas que el Presidente envió al Tribunal Constitucional para su análisis para un referéndum que, como se anunció anteriormente, podría hacerse el 30 de noviembre.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó varias de sus propuestas, lo que hizo que el presidente reformulara las preguntas, incluso en el análisis, y anunciara su intención de convocar una asamblea constituyente.
La pregunta sobre la instalación de las bases militares fue validada por los jueces el 7 de agosto y este jueves el Tribunal Superior decidió que podría ser el presidente, a través de un decreto ejecutivo, que comenzó con el proceso de referéndum.
«Una vez que se emite el decreto ejecutivo, el Consejo Electoral Nacional puede organizar y ejecutar el referéndum conjuntamente con los procesos electorales y otras consultas populares que resultan de los procedimientos actualmente en progreso ante este Tribunal», se indica en la última opinión.
Eventual regreso de la base militar estadounidense
Con esta pregunta, el presidente busca que los ecuatorianos decidan si el artículo 5 de la Constitución se modifica para eliminar la prohibición de que las bases militares extranjeras o las instalaciones extranjeras se establecen para fines militares y para producir bases militares nacionales a las fuerzas armadas o la seguridad extranjera.
Los ciudadanos archivan la fotografía en una manifestación de apoyo al presidente de Ecuador, Daniel Nnovera, en su confrontación con el Tribunal Constitucional del país. Efe/ José Jácome
Entre las justificaciones para llevar a cabo esta reforma está que «la situación de seguridad de Ecuador requiere adoptar diversas estrategias contra las diversas modalidades del crimen organizado», como se registra en el decreto emitido este viernes.
Esta prohibición se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), que implicaba que Estados Unidos dejó la base que ocupó en la ciudad costera de Manta.
Nnovera presentó su propuesta en octubre del año pasado y, después de las elecciones presidenciales donde el gobernante logró la selección hasta 2029, obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento), que debe ser respaldado por un referéndum.
La propuesta de Nnovera se presentó en octubre del año pasado y, después de las elecciones presidenciales donde el gobernante fue seleccionado hasta 2029, obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento), que debe ser respaldado por un referéndum.
Lucha entre notoa y la corte constitucional
El llamado del referéndum se lleva a cabo en medio de una lucha que el Presidente mantiene con los jueces del Tribunal Constitucional, después de que el Tribunal Superior suspendió provisionalmente algunos artículos de tres leyes controvertidas que NOVOA cree fundamental en su lucha contra el crimen organizado.
Los ciudadanos archivan la fotografía en una manifestación de apoyo al presidente de Ecuador, Daniel Nnovera, en su confrontación con el Tribunal Constitucional del país. Efe/ José Jácome
Además, los jueces también rechazaron tres preguntas del primer paquete enviado por el Presidente para el referéndum, entre los cuales estaba la propuesta de enjuiciar políticamente a los miembros del Tribunal Constitucional. Posteriormente, los magistrados también invalidaron su propuesta para reducir el número de parlamentarios.
Dadas estas decisiones, Nemaa dirigió dos marchas masivas, una en Quito y otra en Guayaquil, en las que criticó fuertemente a los jueces y los presionó para que «decida a la gente» en las encuestas.
El gobierno todavía está esperando la respuesta dada por los magistrados a las últimas siete preguntas enviadas por el Presidente, en las que insistió, aunque desde otras perspectivas, en asuntos como la modificación de los poderes de control constitucional que tiene el Tribunal Superior.
