El comerciante Jaime Jesús Ruiz Bernal (75) introdujo una queja formal ante la Inspección General de los Tribunales contra el Juez 12 ° de Control del Estado de Zulia, Greismar Yaremi Jaimes Ruiz, por presunto desprecio por la jurisprudencia de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (TSJ)
En el breve, registrado bajo el número IGT22-25-01922 y vinculado al archivo 12C-32820-25, Ruiz Bernal acusa al funcionario de haber instrumentizado el proceso penal como un mecanismo de presión inadecuado en un conflicto estrictamente civil, un comportamiento que se describe como «terrorismo judicial».
La Cámara Constitucional prohíbe (a través de numerosas sentencias) usar la justicia penal para resolver conflictos de naturaleza civil y comercial.
La misma prohibición ha establecido el ministerio público a través de la circular N DGI-01-2018, donde se enfatiza que « el proceso penal debe estar reservado para actos con una relevancia criminal clara, evitando su instrumentalización en disputas patrimoniales. »
El demandante dijo que el juez emitió una orden de arresto contra su hijo, Jaime Andrés Ruiz Salamanca, sin respetar las formalidades procesales y, además, ignoró una queja de fraude procesal que ya se encontraba en el archivo.
Ruiz Bernal enfatizó que el origen de todo el proceso está en las acciones del entonces Fiscal 8 del Ministerio Público, Mariangelis Araque Díaz, actualmente privada de Libertad por ser supuestamente aventurada en actos de corrupción. Según Ruiz Bernal, este fiscal lo presentó a un intento de extorsión y, al negarse a pagar, ordenó la aprensión de su hijo en represalias.
«Hoy, el fiscal es detenido por orden del Fiscal General de la República, reconocido públicamente como parte de un esquema de corrupción; sin embargo, mi hijo todavía está privado de libertad bajo acciones que nacieron de esa extorsión inicial», dijo Ruiz Bernal en el documento consignado.
A través de la queja, Ruiz Bernal solicitó a la Inspección General de los tribunales que abra una investigación disciplinaria contra el juez y adopte medidas para restaurar el debido proceso y la protección judicial efectiva, destacando que mantener un proceso de origen viciado en curso constituye una violación grave del orden constitucional y la doctrina vinculante que emana de la TSJ.
