En los pasillos del poder en Colombia, se discute una idea tan seductora como peligrosa: usar una «cláusula de escape» para suspender, en la práctica, la regla fiscal.
El objetivo declarado es liberar recursos para financiar la ambiciosa agenda de gastos sociales e inversión. Si bien los objetivos de reducir la desigualdad y la transformación de la matriz productiva del país son loables, la ruta elegida para financiarlas podría socavar las bases de la estabilidad macroeconómica de Colombia, lograda con tanto esfuerzo durante décadas.
Nuestro deber es analizar las políticas no solo por sus intenciones, sino por sus probables consecuencias. Y en este caso, las consecuencias de abandonar la disciplina fiscal serían, con una alta probabilidad, grave y duradera.
La regla fiscal no es un capricho tecnocrático o un obstáculo para el progreso social. Es el principal ancla de la credibilidad de Colombia a los mercados nacionales e internacionales. Es un pacto de responsabilidad que asegura a aquellos que financian al estado, del ciudadano que compra una bonificación de TES al gran fondo de inversión en Nueva York, que el país tiene un compromiso con la sostenibilidad de su deuda.
Romper este pacto, o usar una cláusula de emergencia diseñada para catástrofes imprevistas (como la pandemia) para financiar los gastos permanentes, se percibiría como lo que es: una carta blanca para el endeudamiento sin control.
La reacción del mercado sería inmediata y predecible. La primera víctima sería la confianza. Entonces se desataría una cadena de efectos adversos:
Mayor costo de financiación:
Los inversores, que perciben un mayor riesgo de incumplimiento o trastorno fiscal, exigirían una prima de riesgo mucho mayor para prestar dinero a Colombia.
Las tasas de interés de los bonos gubernamentales dispararían. Irónicamente, esto significaría que una parte creciente del presupuesto nacional tendría que usarse para pagar intereses en la deuda, restando aún más recursos para la inversión social que se pretendía financiar.
Reducción de la calificación de crédito:
Las agencias de calificación de riesgos, como S&P, Moody’s y Fitch, probablemente degradan la calificación de la deuda soberana de Colombia, empujándola más dentro del territorio especulativo.
Esto no solo haría crédito para el gobierno, sino también para las empresas colombianas, desacelerando la inversión privada y la creación de empleo.
Fuga de capital y devaluación de peso:
Dada la incertidumbre, las capitales buscarían refugio en economías más estables. La producción en dólares presionaría el tipo de cambio, causando una fuerte devaluación del peso colombiano. Un peso más débil hace que las importaciones, desde bienes alimentarios y de consumo hasta la maquinaria y los insumos que la industria nacional necesita.
Espiral inflacionaria:
La combinación de una inyección masiva de gasto público (que desencadena la demanda) y una devaluación del peso (lo que hace que la oferta sea más cara) es la receta perfecta para la inflación.
El Banco de la República se vería obligado a mantener o incluso aumentar drásticamente sus tasas de interés para combatir el aumento de precios, lo que enfriaría aún más la economía y golpearía el bolsillo de todos los ciudadanos, especialmente la de los más vulnerables, que se supone que deben ayudar a estas políticas a buscar ayudar.
La inflación es, al final del día, el impuesto más regresivo de todos.
Aquellos que defienden la suspensión de la regla argumentan que la ortodoxia fiscal no ha logrado cerrar las brechas sociales. Es un debate válido. Sin embargo, la solución no es demoler el edificio para arreglar una caída.
El camino hacia un desarrollo más equitativo no pasa por el atajo de gasto irresponsable, lo que conduce a la crisis de la deuda, la inflación galopante y el empobrecimiento generalizado, como lo demuestra la historia de tantos países de nuestra propia región.
El verdadero desafío para Colombia es llevar a cabo transformaciones sociales dentro de un marco de responsabilidad. Esto implica una discusión seria sobre la eficiencia del gasto público, una lucha frontal contra la evasión fiscal que cuesta al país Billones y la reorientación de subsidios ineficientes.
El dilema para Colombia es claro: la ilusión de una prosperidad efímera financiada con deuda sin anclajes, que casi seguramente terminará en una resaca económica dolorosa; o la construcción del paciente de un pozo duradero sobre los sólidos fundamentos de responsabilidad y confianza. Elegir el atajo es elegir el precipicio. Colombia merece un futuro más estable.
