La organización expresó su preocupación después de que se difundió que entre los transferidos estaría el abogado laboral Eduardo Torres, miembro de la ONG Prova.
Amnistía Internacional exigió la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas | Foto: Archivo
Amnistía Internacional alertó el lunes sobre las presuntas transferencias de prisioneros políticos de la sede del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivarian, conocido como El Helicoid, hacia la prisión de Yare II, un centro penitenciario marcado por quejas de condiciones de imprenta extrema.
La organización expresó su preocupación después de que se difundió que entre los transferidos habría el abogado laboral Eduardo Torres, miembro de la ONG Prova, detenido desde mayo en circunstancias reportadas como irregulares.
En un mensaje transmitido en X, exigió la liberación de Torres y todas las personas privadas de libertad por razones políticas.
«Alerta sobre informes de transferencias de personas a la prisión de Yare II, conocida por sus terribles condiciones de detención. Entre los transferidos estaría el abogado de Prova Eduardo Torres. ¡Exigimos su liberación y la de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas!» Dijo.
¿Qué se sabe sobre la transferencia de prisioneros políticos a Yare II?
El periodista venezolano Sebastiana Barráez informó el lunes que al menos 10 prisioneros políticos habrían sido movilizados desde el helicoide hasta Yare II, incluidos Torres y el joven Tachirense Raúl Hevia.
Este último fue arrestado el 5 de mayo en su residencia en San Cristóbal por hombres armados vestidos de negro, quienes lo golpearon antes de entregarlo a Sebin.
Para Torres, por su parte, lo vieron por última vez el 9 de mayo en Caracas después de una reunión de trabajo. Su desaparición fue denunciada como forzada hasta que el Fiscal General vinculó públicamente un supuesto «trama de conspiración» para desestabilizar las elecciones del 25 de mayo.
María Beatriz Martínez, presidenta del Primer Partido de la Justicia, recaudó el martes 15 el número de detenidos transferidos y expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de los reclusos en Yare II, citando quejas de familiares sobre mayores restricciones, dificultades para recibir alimentos y limitaciones en la comunicación.
«La mayoría de esos 15 son prisioneros políticos y uno de lo que puede anticipar es que, de hecho, la presión se incrementa cada vez más, de las cámaras adentro, la imposibilidad de comunicarse, que reciben su comida», dijo el líder en una entrevista en el programa tiene sentido, con el periodista venezolano Enler García.
El Foro Criminal y el Instituto Casla también han denunciado transferencias irregulares en las últimas semanas y han advertido que se llevan a cabo sin notificar a familiares o abogados, lo que viola los derechos fundamentales.
Alfredo Romero, director del Foro Criminal, advirtió que esta práctica agrava la situación de la impotencia de los prisioneros políticos.
