La decisión del gobierno de decretar el Avanzar impuestos y retenciones correspondientes Al año fiscal 2026, para que estos se paguen por 2025, haya encendido todas las alarmas en el panorama económico nacional.
Aunque del Ejecutivo puede argumentar la necesidad de fortalecer la caja fiscal a corto plazo, las consecuencias de esta medida, lejos de ser una solución sostenible, amenazan con generar distorsiones significativas y sembrar un campo minado para futuras actividades económicas.
Primero, el impacto más inmediato caerá en la liquidez de las empresas. Las empresas de todos los tamaños, pero especialmente pequeñas y medianas (PYME), el ingeniero de empleo, verán cómo sus flujos de efectivo proyectados para 2025 disminuyen drásticamente.
Este «Secuestro» de recursos Obligará a muchos a recurrir a financiamiento externo en un entorno que podría ser altas tasas de interés, operaciones más costosas y reducir su competitividad. Aquellos con márgenes más ajustados o menos acceso al crédito podrían enfrentar serios problemas de solvencia.
La consecuencia directa de esta asfixia financiera será una Contracción de inversión privada.
Con menos capital disponible, los planes de expansión, la adquisición de nueva maquinaria, el compromiso con la innovación y el desarrollo, e incluso la contratación del personal, pasarán a los antecedentes o se cancelará directamente.
En un país que necesita desesperadamente aumentar su crecimiento y productividad, la inversión desalentadora es una oportunidad en el pie de consecuencias duraderas.
Para los ciudadanos, especialmente aquellos sujetos a retenciones del impuesto sobre la renta, la medida dará como resultado una menor disponibilidad de ingresos en 2025. Esto, inevitablemente, afectará el consumo interno, uno de los pilares de la demanda agregada. Menos consumo implica menos ventas para las empresas, realizando el ciclo contractivo.
Desde la perspectiva de las arcas públicas, la medida es un claro ejemplo de «pan para hoy, hambre para mañana». Aunque 2025 podría cerrar con cifras de colección artificialmente infladas, el año fiscal 2026 enfrentará un vacío considerable.
Los ingresos que deberían recibir ese año ya se habrán gastado, creando un agujero fiscal que probablemente exigirá nuevos ajustes dolorosos, más endeudamiento o, irónicamente, la búsqueda de una nueva «ingeniería» fiscal igualmente perniciosa.
Este tipo de maniobras erosiona la previsibilidad y la credibilidad fiscal del país, elementos cruciales para atraer inversiones extranjeras y generar confianza en los agentes económicos.
Además, la distorsión se genera en la planificación financiera de empresas e individuos. Las decisiones económicas se toman en base a un marco regulatorio y fiscal que se presume estable. Los cambios abruptos como este introducen un nivel de incertidumbre que paraliza y fomenta la informalidad, al tiempo que castigan a quienes cumplen rigurosamente sus obligaciones.
Es esencial que las autoridades entiendan que la gestión fiscal responsable no se basa en trucos contables o apretando al contribuyente de una manera conjuntural. Se requiere una visión a largo plazo, que fomenta la extensión de la base fiscal a través del crecimiento económico, formalización y eficiencia del gasto público.
Este decreto, para materializarse, no sería más que un parche costoso, una solución aparente que esconde problemas estructurales más profundos. En lugar de aliviar la presión fiscal, transferirla y agravarla, comprometiendo la salud económica del país en el futuro inmediato.
Es urgente reconsiderar este camino y apostar por las políticas que inspiran confianza, promueven la inversión y sienten la base del crecimiento genuino y sostenible. Lo contrario es la hipoteca mañana para inventar el presente.
