Minuto30.com .- Un giro inesperado ha aparecido en el complejo caso del magnicidio del senador presidencial y candidato Miguel Uribe Turbay. Un tribunal de Florencia, Caquetá, emitió una condena contra Carlos Eduardo Mora González, uno de los principales involucrados en la planificación del asesinato, pero por un crimen diferente: transporte ilegal de armas. Leyendo la sentencia por este crimen se ha programado para el 27 de octubre.
La convicción de Caquetá se deriva de una captura antes de los hechos del asesinato. En febrero de 2024, Mora González fue arrestada mientras viajaba en un vehículo vinculado a un caso de estafa.
Durante el procedimiento, se incautaron 11 5.56 cartuchos de rifle de calibre, lo que motivó la imputación y la posterior condena del rodamiento y el tráfico de armas, aunque inicialmente habían sido liberados.
El papel clave de Mora González en el Mogidide
A pesar de esta convicción paralela, la principal atención de las autoridades sigue enfocada en el magnicidio de Uribe Turbay. Carlos Eduardo Mora González enfrenta cargos por homicidio agravado, transporte ilegal de armas de fuego y uso de menores en la Comisión de Delitos, por su papel fundamental en el ataque.
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Según la oficina del fiscal, Mora González se desempeñó como conductor del vehículo Spark Gris, que operaba como el «centro de operaciones» de los delincuentes. Su participación no fue menor: el jueves 5 de junio, hizo el reconocimiento anterior del lugar del ataque, al día siguiente organizó la logística final, y el sábado 7 de junio estuvo presente en el vehículo donde se entregó el arma y se cambió de ropa a la adolescente de 15 años que disparó al senador.
Después de la pista de los autores intelectuales
Mora González huyó de la escena después de los tiros y luego fue capturada gracias al análisis de las cámaras de seguridad y una comparación de tráfico que lo identificó. Su captura, junto a la de Katerine Andrea Martínez Martínez, ocurrió en el Departamento de Caquetá, región clave para la investigación.
Las autoridades tienen la hipótesis de que el vínculo del ataque con el Departamento de Caquetá sugiere la participación de las disidencias del FARC, ya sea el grupo de «mordida» o la «segunda marquetalia», como los posibles determinantes del asesinato. La condena de armas ilegales, aunque por un crimen menor, agrega presión judicial sobre uno de los enlaces clave en la brutal cadena del brutal asesinato.





